Arrancó plan «Justicia inmediata» en Sucre
Con la revisión de sesenta (60) casos de privados de libertad que se encuentran recluidos en distintos centros de retención preventiva del estado Sucre, arrancó este 29 de marzo el plan «Justicia inmediata» en la entidad oriental.
La información fue suministrada por el Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, desde la sede del Circuito Judicial Penal, ubicado en la avenida Carúpano de Cumaná, en compañía del director del despacho de la Gobernación de la región, Onny Parra, en representación del gobernador Gilberto Pinto, el presidente del circuito, Juan Carlos Espín, defensores, fiscales y jueces en fase de ejecución.
Ramírez reiteró que este plan forma parte de las políticas de revolución judicial que aplica el Gobierno Nacional, para evaluar las causas pendientes de los reclusos y a su vez acelerar el proceso judicial de los mismos.
«Estamos revisando las causas, en cumplimiento del mandato presidencial a través de la Comisión de Revolución del Sistema de Justicia, con la finalidad de dar respuesta a todos los privados y privadas de libertad que se encuentran recluidos en centros de retención preventivas como en internado judicial», mencionó.
La máxima autoridad de este órgano del sistema de justicia, resaltó que mediante este programa aplicado por el Gobierno Bolivariano a través de la Defensa Pública, se busca avanzar de manera significativa en la solución de hacinamiento y retardo procesal de los reclusos que se encuentran en los diferentes centros de retención preventiva.
Afirmó que esta acción permitirá verificar los expedientes de los privados de libertad, a fin de evaluar si les corresponden de acuerdo al delito imputado alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena.
Destacó que durante este proceso se deben consignar algunos requisitos como: el certificado de antecedentes penales, el informe psicosocial, traslados a medicatura forense o traslados interpenales, para que los jueces se puedan pronunciar y evaluar el otorgamiento de la fórmula alternativa de cumplimiento de pena que brinda el sistema judicial.